Actualidad: Línea de Crédito Flexible y la estrategia de financiamiento del GNC

 

*Con la colaboración de Martha Elena Delgado y Diego Gutiérrez

Con el propósito de atender las mayores necesidades económicas y sociales derivadas de la pandemia, el Gobierno nacional modificó su estrategia de financiamiento para la vigencia fiscal de 2020. En particular, frente al deterioro de los ingresos tributarios y al aumento del gasto público, la Nación acudió a diversas fuentes de endeudamiento tales como empréstitos con multilaterales, emisión de bonos globales en los mercados internacionales e incluso recursos de deuda provenientes de las entidades territoriales. Dentro de estas fuentes, es de destacar el desembolso hasta por 187,5% de la cuota de la Línea de Crédito Flexible (LCF) renovada recientemente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aproximadamente USD 5.300 millones. Esta sería la primera vez que Colombia desembolsa recursos del FMI.

Vale la pena mencionar que esta mayor dinámica de la deuda no es única de nuestro país, pues el aumento de esta ha sido una respuesta generalizada a nivel mundial para mitigar los impactos de la crisis económica sobre el tejido social, empresarial, y la actividad económica por medio de un mayor gasto contracíclico. Sin embargo, una vez sobrepasados los efectos de la pandemia, se deberán tomar las medidas fiscales necesarias para disminuir los niveles de deuda que estimamos rondaría el 65,3% del PIB al finalizar este año. Este artículo de actualidad tiene como objetivo describir brevemente lo que ha sido la historia de nuestro país con la LCF, además de analizar lo que ha sido la estrategia de financiamiento del Gobierno nacional para afrontar la crisis económica y social originada por el COVID-19.

La Línea de Crédito Flexible del FMI

La Línea de Crédito Flexible (LCF) es un instrumento diseñado para proveer financiamiento anticipado y flexible a los países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) con marcos institucionales robustos y fundamentales macroeconómicos sólidos. Diseñado en marzo de 2009, algunas condiciones para acceder a este instrumento son: i) una posición externa sostenible, ii) un favorable historial de acceso a los mercados internacionales, iii) un nivel de reservas internacionales relativamente holgado al momento de realizar la aplicación, iv) finanzas publicas sostenibles, v) un nivel de inflación bajo y estable en el contexto de un marco sólido de política monetaria y cambiaria, vi) la inexistencia de problemas de solvencia bancaria que representen una amenaza sistémica para la estabilidad del sistema bancario, vii) una supervisión eficaz del sector financiero, viii) integridad y transparencia en la información, y ix) una cuenta de capital en la que predominen los flujos privados (Banrep, 2018; IMF, 2018).

Algunas de sus características más importantes se encuentran asociadas a su carácter contingente, la disponibilidad de recursos en cualquier momento, y su no condicionalidad; este último en el sentido en que los países mantienen el acceso a este instrumento por sus sólidas condiciones macroeconómicas previas y a la no existencia de compromisos posteriores a la adquisición de ésta (IMF, 2018; MHCP. 2020). Según el Fondo Monetario Internacional, estos recursos pueden ser utilizados con fines precautorios o para atender necesidades relacionadas a la balanza de pagos, además de enviar una señal positiva al mercado sobre el marco político y económico sólido de los países que la han adoptado. Actualmente, Colombia y otros países como Chile, México y Perú tienen acceso a esta línea de crédito.

Colombia tiene acceso a este instrumento desde su creación en 2009. La primera solicitud fue aprobada en mayo de ese mismo año por 900% de la cuota de Colombia en el FMI^[1] (equivalente a cerca de USD 10,400 millones). Posteriormente, en 2010 se renovó esta línea por un monto menor al solicitado anteriormente equivalente al 300% de la cuota (USD 3,500 millones). Lo anterior debido a la menor percepción de riesgo relativo a la observada durante 2009. De ahí en adelante, la LCF se ha renovado numerosas veces hasta por dos años y se ha mantenido como un recurso precautorio para desembolsar solo en caso de escasez de reservas internacionales (Cuadro 1).

En mayo de 2020, el país renovó con el FMI la LCF hasta abril de 2022 por un monto alrededor del 384% de la cuota (USD 10,800 millones). Sin embargo, el deterioro macroeconómico y fiscal mayor a lo previsto llevó al Gobierno nacional a solicitar una ampliación de la LCF, solicitud que fue aprobada por el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional hasta el 600% de la cuota (USD 17,200 millones) el pasado 25 de septiembre. Aunque esta ampliación fue concedida al país debido a su sólido marco de políticas económicas y finanzas públicas, ha sido el único país hasta el momento que ha solicitado la ampliación de este instrumento. Es importante mencionar que el Gobierno nacional desembolsaría parcialmente recursos hasta por el 187,5% de la cuota (USD 5.300 millones) para cubrir sus necesidades de financiamiento externas publicadas en la última actualización del Plan Financiero 2020. Retomaremos este punto más adelante.

 

Estrategia de financiamiento del GNC 2020

Las fuentes y usos proyectadas por el Ministerio de Hacienda dentro del Plan Financiero para 2020 ascienden a $130,5 billones de pesos (12,9% del PIB nominal estimado por el MHCP para 2020). En particular, sus usos contemplan: i) un déficit a financiar de $83,41 billones de pesos (8,2% del PIB), de los cuales el pago de intereses representa $32,3 billones (3,2% del PIB), ii) amortizaciones hasta por $10,8 billones (1,1% del PIB), iii) pago de obligaciones hasta por $13,0 billones de pesos (1,2% del PIB), iv) una deuda flotante por 1,5 billones (0,2% del PIB), y v) una disponibilidad final de $22,1 billones (2,2% del PIB). Por su parte, las fuentes estimadas para la financiación de las obligaciones anteriormente mencionadas contemplan desembolsos de crédito hasta por $109,6 billones de pesos (10,8% del PIB), otros recursos (no explícitos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo) por $87 mil millones y una disponibilidad inicial de $20,8 billones de pesos (2,1% del PIB) -Cuadro 2-.

 

La estrategia de financiamiento del Gobierno nacional es compleja dadas las necesidades contempladas para este año, muchas de ellas derivadas de la pandemia del Coronavirus. Como respuesta, la Nación ha recurrido a un mayor endeudamiento y ha utilizado fuentes de fondeo no convencionales para cumplir con las necesidades anteriormente mencionadas. De esta manera, la estrategia de financiamiento del GNC proviene de: 35,7% de emisiones TES, 30,8% de empréstitos con multilaterales, 12,3% de bonos globales, 10,6% del Fondo de Ahorro y Estabilización, 8,9% de la inversión forzosa en Títulos de Solidaridad (TDS), 1,1% del FONPET, y el restante 0,6% de otras fuentes de financiación^[2].

El porcentaje de desembolsos asegurados para llegar a lo establecido en el Plan Financiero es cercano al 82,6% (Cuadro 2). Por el lado del endeudamiento interno, el Gobierno nacional ha asegurado la totalidad de la meta. Estos recursos provienen de: i) TES ($37,5 billones), de los cuales se han colocado $25,9 billones (equivalentes al 94% de la meta de colocación que es de $27,5 billones)^[3]., además de contar con $10 billones provenientes de TES de entidades públicas y TES para el pago de deuda no explicita; ii) fuentes de endeudamiento no convencionales como los Títulos de Solidaridad ($9,7 billones), FONPET ($1,3 billones), el recaudo por concepto de impuesto solidario ($0,3 billones), el Fondo de Riesgos Laborales ($0,2 billones); y iii) otras fuentes de endeudamiento ($1,5 billones).

Ahora bien, es de destacar que las necesidades de financiamiento externo publicadas en la actualización del Plan Financiero son las más altas registradas en los últimos años (Gráfico 1). Esto obedece a la estrategia que gestionó el Gobierno nacional con el propósito de obtener recursos extraordinarios no convencionales y al mismo tiempo minimizar los mayores costos de endeudamiento que se observaron para economías emergentes durante marzo y abril; periodo en el cual se presentaron fuertes turbulencias en los mercados financieros dados los mayores niveles de incertidumbre en la región. Lo anterior como mecanismo de escape ante el desplome de los ingresos tributarios, producto del menor ritmo de actividad económica derivado de las medidas de confinamiento adoptadas para frenar la expansión del virus en el país.

 

Relativo a los desembolsos externos previstos en el Plan Financiero ($59,1 billones), solo se ha asegurado el 67,7% del total de estos recursos. En especial, el Gobierno nacional ha adquirido empréstitos con multilaterales por USD 3.200 millones y ha emitido en dos ocasiones bonos globales hasta por USD 4.343 millones, además de contar con los recursos obtenidos del Fondo de Ahorro y Estabilización ($11,7 billones – USD 3.102 billones). Así, el Gobierno nacional tiene un faltante cercano a los USD 5.089 millones para cumplir con las metas de financiamiento establecidas.

Teniendo en cuenta que el Gobierno nacional ha asegurado el 67,7% de los desembolsos externos, y que el faltante del financiamiento externo estimado en sus últimas cuentas ronda alrededor de los USD 5.089 millones, es muy posible que el desembolso de una parte de la LCF hasta por 187,5% de la cuota (aproximadamente USD 5.300 millones) sea destinado para asegurar estos recursos. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha descartado la opción de recurrir nuevamente a las emisiones en los mercados internacionales para obtener los demás recursos.

 

En síntesis, el Gobierno nacional ha gestionado de manera pertinente los recursos de financiamiento disponibles para hacer frente a las mayores exigencias económicas y sociales derivadas de la pandemia. Esto último en un contexto de elevados niveles de incertidumbre y fuertes reducciones en el financiamiento interno, especialmente vía ingresos tributarios, lo que significó un mayor financiamiento externo y la búsqueda de fuentes no utilizadas anteriormente como la línea de crédito flexible del FMI. Sin embargo, como hemos advertido en distintas ocasiones, el siguiente reto consistirá en llevar los niveles de déficit hacia las metas establecidas por la Regla Fiscal en 2022 y disminuir el nivel de endeudamiento hacia sendas sostenibles en el mediano y largo plazo.

Referencias

• Banrep (2018). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República. Julio de 2018. Disponible en: https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9374
• FMI (2018). Flexible Credit Line – Operational Guidance Note. Disponible en: https://bit.ly/3n4Tjwm
• Ministerio de Hacienda (2020). Marco Fiscal de Mediano Plazo. Disponible en: https://bit.ly/3md51EH

 

IMM

1) Actividad Productiva

 

En agosto, el Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE) registró una variación anual de -10,6% en su serie original, 13,8 pps inferior a la variación registrada un año atrás, cuando se ubicó en 3,2%.

 

En septiembre, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se ubicó en 6,1%, lo que representa una disminución 5,4 puntos porcentuales (pps) frente al mismo mes de 2019. Al ajustar la serie por factores estacionales, el índice se ubicó en 2,0%.

 

En la medición de agosto de la Encuesta de Opinión Empresarial para la industria, el indicador de volumen actual de pedidos, en su serie desestacionalizada registró un balance de -22,3%, lo que representa una disminución de 10,6 pps frente al mismo mes un año atrás.

 

El indicador de suficiencia de capacidad instalada presentó en septiembre un incremento de 10,7 pps frente al mismo mes de 2019, indicando una menor utilización de dicha capacidad. Frente a agosto de 2020, el indicador mostró un incremento de 3,8 pps.

 

El Índice de Producción Industrial (IPI) total registró en agosto una variación anual de -12,2%, resultado que implica una reducción de 12,9 pps frente al mismo mes del año anterior.

 

En septiembre, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 22,2% lo que representa una reducción de 5,2 pps frente al mismo mes en 2019. Por su parte, frente al mes anterior, el ICCO registró un incremento de 8,4 pps.

 

En la medición de septiembre, el indicador de demanda actual del sector comercio registró un balance de 32,9%, que representa una disminución de 17,3 pps frente al mismo mes un año atrás.

Por su parte, el indicador de pedidos a proveedores se ubicó en -32,8%, con una reducción de 22,0 pps frente a septiembre del año pasado.

 

En septiembre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de -21,6%, que representa un incremento de 3,8 pps relativo al mes anterior.

Este resultado obedeció principalmente a un incremento de 5,3 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor y un aumento de 1,4 pps en el Índice de Condiciones Económicas.

 

En el promedio móvil junio – agosto, los despachos de cemento gris registraron una reducción interanual de -4,5%, lo que implica una diminución de 11,0 pps frente a lo observado un año atrás cuando el crecimiento fue de 6,6%.

 

En agosto, las ventas reales del comercio minorista registraron una variación anual de -14,9% respecto al mismo mes de 2019. Excluyendo las ventas de combustibles el crecimiento real del comercio minorista se ubicó en -13,0%, mientras que el crecimiento de las ventas excluyendo vehículos se ubicó en -12,7%.

 

2) Sector financiero y variables monetarias:

 

El índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación anual en septiembre de 1,97%, mientras que hace un año esta variación fue de 3,82%.

En este mes la inflación mensual fue de -0,32%, inferior a las expectativas de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (0,11%).

 

En septiembre, la inflación de regulados, no transables, alimentos y transables disminuyó 3,7, 2,0, 1,8 y 0,5 pps respecto al mismo mes del 2019. Ubicandose respectivamente en 1,06%, 1,50%, 3,83% y 1,15%.

 

Para el mes de septiembre, el índice de Precios del Productor (IPP) registró una reducción anual de 1,3%, mientras que un año atrás esta variación fue de 3,8%.

Dentro de los componentes del IPP, el  grupo de exportados y producidos tuvieron una reducción, con una variación anual de -3,0 pps y -0,2 pps, respectivamente, frente a septiembre de 2019.

 

En la reunión de septiembre, la Junta Directiva del Banco de la República decidió disminuir 25 puntos básicos la tasa de interés de política y se ubicó en 1,75%.

La tasa de captación DTF en septiembre se redujo 2,1 pps frente al mismo mes de 2019. Por su parte, la tasa promedio de colocación reportó una caída de 2,3 pps frente al mismo mes de 2019.

 

En septiembre, la cartera total mostró una variación nominal anual de 5,4%, 3,6 pps por debajo del crecimiento anual observado en el mismo mes de 2019.

El incremento en el dinamismo de la cartera de crédito frente al año anterior se explica en mayor medida por la desaceleración en la cartera de consumo, cuya tasa de crecimiento en agosto se ubicó 9,4 pps por debajo de la registrada el mismo mes el año anterior. Así mismo, el crecimiento de la cartera hipotecaria y comercial disminuyó 3,8 pps y 0,3 pps, frente al observado un año atrás.

 

La cartera vencida como porcentaje de la cartera total se ubicó en 4,4% en agosto, 0,1 pps por debajo del dato registrado en el mismo mes un año atrás.

Al desagregar por modalidad de crédito, la calidad de la cartera de hipotecaria y comercial evidenciaron un incremento interanual de 0,5 pps y 0,3 pps, respectivamente. Mientras que la calidad de la cartera de consumo tuvo una disminución de 0,9 pps.

 

El índice COLCAP de la Bolsa de Valores de Colombia cerró el pasado 30 de septiembre en 1.171,92 puntos, con una desvalorización interanual de 25,7% e intermensual de 3,6%.

 

Frente a los niveles observados un mes atrás, en septiembre las tasas de TES a 1, 5 y 10 años registraron una variación negativa de 37, 2 y 23 puntos básicos.

3)   Sector Fiscal

 

En agosto, el recaudo tributario fue de 8,3 billones de pesos, que representa una reducción de 13,7% respecto al mismo mes de 2019. Esta variación se explica principalmente por la disminución en el recaudo de IVA (-24,6%) y retención en la fuente a título de renta (-7,6%).

4)   Sector Externo

 

En el trimestre móvil junio – agosto de 2020, las exportaciones totales disminuyeron 23,1% frente al mismo periodo de 2019.  Este resultado obedece a la caída de las exportaciones de commodities (-29,6%) y de exportaciones diferentes de commodities (-9,9%).

 

En agosto, el valor en dólares de las importaciones disminuyó 27,3% frente al mismo mes de 2019. Este resultado obedeció principalmente a la caída de        36,0% del grupo de bienes intermedios y materias primas, a la disminución de 18,6% en el grupo de bienes de capital y a la disminución de 21,2% en el grupo de bienes de consumo.

 

En el trimestre móvil junio – agosto, el déficit comercial fue de USD 721 millones FOB, lo que representó un incremento de USD 355 millones respecto al mismo trimestre móvil del año pasado.

 

En el mes de septiembre, el promedio de la tasa de cambio se ubicó en $3.749,86 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0,76% frente al promedio de agosto, cuando se situó en $ 3.778,63 pesos por dólar.

 

En septiembre, la producción de café alcanzó 995 miles de sacos de 60 kilos, lo que representa una disminución de 8,5% frente al mismo mes de 2019.

Por otra parte, la producción promedio de petróleo durante el mes de septiembre fue de 748 mil barriles diarios, que representa una disminución de 15,0% frente a lo observado un año atrás.